Una vez más creo necesario intentar recordar, releer, reinterpretar desde el presente la historia y compararla con el movimiento geopolítico actual, para dar cuenta de los puntos de quiebre que se producen entre ciertas ideas y la realidad.
En 1922 nacía la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo el amparo del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, un modelo a seguir en toda Latinoamérica. Por ese entonces, el período entre guerras marcaba el ascenso de una política industrial liderada por los combustibles fósiles. La rivalidad interimperialista por el control de los recursos petroleros mundiales era ejecutada a través de los grandes trusts petroleros, que habían incrementado su interés por el subsuelo argentino a partir del descubrimiento, en 1907, del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia.
El resguardo y control del Estado sobre el sector de hidrocarburos por intermedio de YPF se fue profundizando a medida que se consolidaba el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), régimen que exigía un permanente abastecimiento energético a bajo costo y que se potenció durante los dos primeros gobiernos peronistas.
El golpe cívico-militar de 1976 interrumpió abruptamente el régimen de ISI. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional llevó adelante una política de liberalización comercial, desregulación financiera y desindustrialización que se materializó en la privatización periférica de YPF, ampliando considerablemente la participación del sector privado a través de contratos de explotación y de servicios para realizar tareas que YPF ejecutaba a un costo menor. Además, una política de precios desfavorable y su utilización como tomadora de fondos del exterior para realizar colocaciones financieras en el mercado interno, dejaron a YPF en una crítica situación de endeudamiento a la vuelta de la democracia.
De ese modo, durante el gobierno de Raúl Alfonsín el endeudamiento se constituyó en la condición de posibilidad del inicio de una política de apertura hacia la participación del sector privado a través del Plan Houston, lanzado en 1985, y la desregulación por medio del Petroplan, que no llegó a implementarse dada la entrega anticipada del bastón presidencial a Carlos Menem.
Cabe destacar algunos números que ilustran la situación del sector en 1989
- El 62% de la extracción de petróleo corría por cuenta de la empresa estatal, mientras que el 35% correspondía a las empresas contratistas que le entregaban su producción a YPF y un 3% a viejas concesiones.
- El rubro exploración (dato clave para entender el presente) históricamente fue desarrollado por la empresa estatal: desde su creación había realizado el 96% de los pozos exploratorios y había descubierto el 90% de las reservas comprobadas.
- El 70% de la refinación de petróleo estaba a cargo de las refinerías de YPF (La Plata, Plaza Huincul, Luján de Cuyo, San Lorenzo, Campo Durán y Dock Sud), mientras que sólo el 30% restante era refinado por el sector privado.
- El peso a nivel demográfico y territorial de YPF se verificaba no sólo en el emplazamiento de infraestructura vial y comunitaria sino también en su extensa red de estaciones de servicio, llegando hasta zonas de muy baja densidad poblacional y por lo tanto de menor rentabilidad. Contaba con el 49% del mercado en las provincias centrales y el 67% en las provincias periféricas.
La rica historia de la empresa estatal llegó a su fin en 1992, el mismo año que Gas del Estado, en el marco de la hegemonía neoliberal. En sus primeros seis meses de gobierno, Menem había dictado tres decretos que desregularon el sector, estableciendo, entre otras medidas, la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos. Por consiguiente, desde el Estado se operó la transformación de la concepción dominante del petróleo como recurso estratégico a commodity, despojándolo de todo sesgo estratégico en función de la libre apropiación y comercialización en manos del capital petrolero.
Gobierno, petroleras y medios de comunicación se congeniaron para justificar la venta de la empresa pública más grande del país. Adujeron su supuesta ineficiencia; el endeudamiento al que estaba sometida y las continuas pérdidas que arrojaba; la necesidad de obtener fondos para cumplir las metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional en el marco del Plan de Convertibilidad, la imposibilidad de las empresas privadas de competir en igualdad de condiciones en un mercado desregulado y hasta la prescindencia de una empresa estatal para el manejo de un recurso que ya no era estratégico
El proceso de fragmentación y enajenación de los activos de YPF abarcó la concesión de yacimientos que representaban el 50% de la extracción en aquel entonces; la venta de 3 de las 6 refinerías que operaba; la venta de la totalidad de la flota de barcos y aeronaves que la constituían en la segunda empresa más importante en los rubros de navegación y aeronavegación; la venta de 52 equipos de perforación, oleoductos, equipos de despacho en puertos, entre otros activos considerados “no estratégicos” para la rentabilidad de la empresa bajo la conducción privada.
El correlato lógico de la transformación empresaria de YPF fue el amplio proceso de reestructuración de la plantilla laboral de la empresa. De los 51.000 trabajadores que tenía antes de su privatización, quedaron 5.690 en 1995, es decir, una reducción del 88,9% en apenas 6 años a través de una sistemática política de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, despidos directos y cesantías.
Dado que en 1995 una nueva ley autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a reducir su tenencia del paquete accionario hasta una sola acción, la “acción de oro”, cuatro años más tarde la petrolera española Repsol compró el 98,23% de la empresa. De esta manera, Repsol se transformó en la novena petrolera del mundo, con ventas por más de 27.000 millones de dólares, una producción diaria superior al millón de barriles y la cuadruplicación de sus reservas de petróleo y gas natural.
