Durante el día de ayer ocurrieron diversos eventos violentos, incluyendo ataques con explosivos, incendios de vehículos, robos, motines, tomas de hospitales y el asalto a una universidad. En Guayaquil, al menos ocho personas perdieron la vida debido a estos incidentes.
Un líder de una de las principales bandas del país se había fugado de la cárcel el día anterior. La situación alcanzó un punto crítico cuando hombres armados irrumpieron en vivo en un canal de televisión en Ecuador, lo que simbolizó un día de terror. El presidente Daniel Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y ordenó a las fuerzas militares “neutralizar” a los grupos narcocriminales que intensificaron sus ataques. Los eventos violentos en Guayaquil, epicentro de la violencia, dejaron al menos ocho muertos. Previamente, Noboa había decretado el estado de excepción debido a la fuga del líder de una de las bandas criminales más grandes del país. Los ataques con explosivos en varias ciudades, incendios de autos, robos violentos y motines en cárceles con la retención de agentes penitenciarios se sumaron a este escenario de caos.
A través de una red social, Noboa anunció la firma de un “decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno” mientras el estado de excepción se mantiene por 60 días, en respuesta a los secuestros de policías, ataques a la prensa y los motines en las cárceles. El mandatario, de 36 años, ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo “operaciones militares para neutralizar” a aproximadamente veinte grupos del crimen organizado que identificó como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.
El anuncio del decreto se produjo después de que un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpiera en el canal TC Televisión en Guayaquil mientras se transmitía un noticiero en vivo, desencadenando una situación dramática que se prolongó durante aproximadamente 30 minutos antes de la intervención policial.
“¡No disparen, por favor, no disparen!”, clamaba una mujer entre las detonaciones que resonaban en el set de televisión.
Antes de que se oscureciera el set, se pudo ver a los encapuchados sosteniendo una granada, apuntando con armas a los trabajadores y colocando lo que parecía ser un artefacto explosivo en la chaqueta de alguien. La policía informó más tarde que logró poner fin a la toma del canal y detuvo 13 personas.
El martes en Guayaquil, al menos ocho personas perdieron la vida y dos resultaron heridas en una serie de incidentes, según informó la policía. Estos trágicos sucesos tuvieron lugar en un centro comercial, el barrio Pascuales y varios sectores de la ciudad. Durante el día, los centros de monitoreo recibieron 1.932 llamadas y respondieron a 650 emergencias. Además, se informó que los criminales tomaron el control de cinco hospitales.
En las redes sociales, se difundieron rápidamente imágenes, aunque la velocidad dificultó la verificación de la información. Estas mostraban presos amotinados amenazando a guardias, disturbios en universidades, vehículos incendiados, explosiones en una estación policial y cerca de la residencia del titular de la Corte Suprema, e incluso la destrucción de un puente. Algunas imágenes mostraban a estudiantes de la Universidad de Guayaquil huyendo apresuradamente del campus tras reportes sobre la presencia de hombres armados en la institución educativa.
La situación en Guayaquil escaló a niveles alarmantes, con vídeos mostrando a profesores y estudiantes intentando asegurar sus aulas ante la amenaza de agresiones y secuestros por parte de los criminales. A pesar del intento de los atacantes por tomar el control de un sector de la universidad, las fuerzas de seguridad lograron repelerlos.
Esta ola de violencia desencadenó medidas sin precedentes: la empresa estatal Petroecuador aumentó la seguridad en sus instalaciones, las clases en escuelas y universidades pasaron a ser virtuales, la mayoría de los comercios cerraron y los aeropuertos implementaron operativos especiales de seguridad. El Ministerio de Trabajo recomendó el teletrabajo como medida de precaución. En respuesta, el gobierno peruano anunció la declaración de emergencia en toda la frontera norte y el despliegue de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional para reforzar la vigilancia.
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Esta crisis se desató a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la poderosa banda criminal conocida como Los Choneros, quien escapó de la cárcel regional de Guayaquil. La Fiscalía imputó a dos funcionarios penitenciarios por su presunta complicidad en esta fuga. Los intentos de revisar las cárceles desencadenaron motines, retención de guardias y disturbios en al menos seis prisiones. En respuesta a estos eventos, el presidente Noboa declaró un estado de excepción en todo el país, incluyendo las cárceles, con un toque de queda de seis horas a partir de las 23 horas locales. A la fuga de “Fito” se sumó la fuga de Fabricio Colón Pico, un capo de Los Lobos, detenido por secuestro y vinculado a un presunto plan para asesinar a la fiscal general, Diana Salazar.
En medio del caos, siete policías fueron secuestrados en diferentes localidades, y se reportaron explosiones frente a la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia y vehículos incendiados. Además, 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos fueron retenidos en cárceles de cinco ciudades, según informó el organismo encargado de las prisiones (SNAI). Las redes sociales se inundaron de videos mostrando asesinatos junto con demandas y amenazas de reclusos encapuchados.
Esta es la primera gran crisis que enfrenta el gobierno de Noboa desde su asunción en noviembre, donde prometió una mano dura contra los grupos narcotraficantes vinculados a carteles colombianos y mexicanos. Atribuyó estos sucesos como represalias por sus acciones para recuperar el control carcelario y afirmó que no negociará con “terroristas”.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Como parte de su estrategia contra el crimen, el gobierno presentó un conjunto de preguntas ante la Corte Constitucional para incluirlas en un proyecto de consulta popular, buscando asegurar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena, similar al enfoque de Nayib Bukele en El Salvador en su lucha contra las pandillas. La respuesta a estas medidas fue mixta: sectores indígenas de la Amazonia convocaron a protestas pacíficas en rechazo al proyecto en Pastaza, una región biodiversa y petrolera. Los actos violentos también se extendieron a Esmeraldas, en la costa, cerca de la frontera con Colombia, una de las provincias controladas por las mafias. En la capital también se reportaron incidentes, como la explosión de un automóvil y de un artefacto cerca de un puente peatonal.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína, pasó de ser un territorio pacífico a un escenario de guerra contra el narcotráfico. En 2023, se registraron más de 7,800 homicidios y se incautaron 220 toneladas de drogas, cifras récord en un país de 17 millones de habitantes. Los conflictos entre reclusos han resultado en más de 460 muertes desde 2021, y los homicidios en las calles han aumentado casi un 800 por ciento entre 2018 y 2023, pasando de 6 a 46 cada 100 mil habitantes.
En un gesto inusual, las distintas bancadas legislativas acordaron la posibilidad de indultos o amnistías para respaldar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía. Desde Bruselas, el expresidente Rafael Correa ofreció su respaldo a Noboa, afirmando que “el crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado” y que en esta lucha el Estado debe salir victorioso. Rafael Correa, desde el exterior, lidera el movimiento Revolución Ciudadana, que constituye el grupo más numeroso en la Asamblea Nacional y mantiene un acuerdo legislativo crucial con el gobierno en funciones. El exmandatario ha instado a Noboa a “reemplazar a los miles de policías que ocupan puestos burocráticos con personal civil o policías retirados, y enviarlos a las calles”.
Fuente: Página 12
